Corría el mes de enero y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, se llevaba a cabo un juicio por más de dos meses por un total de nueve delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.) involucrando a 17 comuneros Mapuche. La aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos Mapuche de Choque , implicó numerosas arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como: secreto de la investigación, excesiva prisión preventiva, testigos sin rostro y condenas solicitadas por el ministerio público sobre 50 años para cada comunero, para otro mas de 100; violaciones a los derechos humanos como torturas, secuestro y hostigamiento y como no mencionar la aberración jurídica más grande la que se constituyó en el doble juzgamiento al que fueron sometidos cinco presos políticos mapuche del proceso de recuperación territorial de Choque (Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical), quienes por un mismo hecho, fueron procesados por la Justicia Civil y Militar. Sin embargo, el Juzgado Militar de Valdivia, resolvió absolver, habiendo observado las mismas pruebas que en el Tribunal de Juicio Oral, posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción..
No obstante que siempre estuvo claro que no estaban dadas todas las garantías para un debido proceso y un juicio justo y que la huelga de hambre llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche significó solo un primer paso, el Tribunal de Cañete en un juicio que se extendió desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 22 de febrero de 2011, decide condenar a Héctor Llaitul a 25 años de prisión, y a Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical a 20 años. Era lo que había dicho durante todos esos días: que más que una persecución de carácter judicial, era una persecución política hacia la Coordinadora Arauco Malleco. Si bien es cierto salieron varios hermanos en libertad, también se quedaron personas muy importantes para el pueblo mapuche, personas que sabían que iban a seguir en este proceso de reconstrucción del pueblo Mapuche, la de recuperación de tierras usurpadas por grandes empresas y latifundistas destruyendo todo lo que está en su camino amparados por el estado chileno.
Los comuneros iniciaron así una nueva Huelga de Hambre el 15 de Marzo mientras se apelaba ante la Corte Suprema para solicitar un Juicio Justo, acompañada de una solidaridad nacional e internacional que se manifestaba en marchas semanales en diversas ciudades del mundo protestando por la judicialización de los conflictos territoriales del pueblo mapuche y en el caso de los condenados en Cañete contra el Gobierno que siempre tiró la pelota a los tribunales, al poder Legislativo.
Estaba claro desde el principio que no era solamente la Ley Antiterrorista la herramienta que esgrimiría el estado chileno para hacer frente al movimiento mapuche. La criminalización, la judicialización frente a lo que es la protesta mapuche nos hizo enfrentarnos a situaciones increíbles. Por ejemplo, lo que fue enfrentarse a la calificación que se les da a los delitos aplicando esa norma, existiendo secretos en la investigación, y que para la defensa de los comuneros se hizo muy compleja, desde el punto de vista jurídico, haciéndose muy difícil el trabajo… Al final la Corte Suprema condenó a los presos políticos mapuche, y no solamente a ellos, se condenó a un pueblo. El máximo tribunal chileno actuó como un tribunal más y aplicó condenas diferentes a los cuatro presos políticos mapuche de la CAM que continuaron en huelga de hambre hasta completar 87 días, cuando permanecían internados en el Hospital de Victoria en un deteriorado estado de salud.
Si bien es cierto la atención del mundo al tema mapuche estaba dado en la huelga de los presos, en las comunidades se seguía luchando por la recuperación territorial.
A los comuneros condenados no les interesó una rebaja de años en sus condenas, sino que exigieron enérgicamente que se detuviera la criminalización y la militarización de las comunidades y que se detuvieran los proyectos que se insertan en nuestros territorios como las empresas forestales, mineras e hidroeléctricas que llegan como si no estuviera pasando nada. Las movilizaciones y las huelgas van mucho más allá del beneficio de las personas que las llevan. Ellos siempre señalaron “que las prisiones no acallan ni detienen las justas reivindicaciones territoriales que llevan las diferentes comunidades Mapuche”.
Entre el Estado y las comunidades mapuches ha existido un conflicto permanente, prácticamente desde que se retorna a la democracia. Recordar que antes de la dictadura militar hubo un acercamiento más constante por parte de las comunidades con el Estado, especialmente con la CORA (Corporación de Reforma Agraria) y tiene que ver, principalmente con un tema territorial. Cuando llega la dictadura militar se comienza a entregar tierra a particulares y luego a las grandes empresas.
La represión de policía militarizada del estado, este año se ha hecho presente con mucha violencia en cada comunidad donde se ejerce la justa lucha reivindicativa y de procesos de recuperación territorial. Diariamente estamos enterándonos de violentas acciones donde son violentados en su dignidad numerosas familias, allanándoles sus casas, hiriendo a niños, mujeres, ancianos y utilizando todo un aparataje policial y comunicacional para detener la justa protesta y el justo derecho a lo que nos pertenece desde tiempos ancestrales. Así vemos la violencia que se da en Rofue, Trapilwe, Budi, Chequenco, Maihue – Carimallin , Wañako Millao, Temucuicui, entre otras tantas comunidades que se encuentran en este momento viviendo en medio de bombas lacrimógenas y balas.
Y en medio de todo lo descrito y lo que se vive en el territorio, no puedo dejar de mencionar que la justicia jamás dará una respuesta a los crímenes de nuestros hermanos asesinados por los funcionaros del estado. Prueba de ello es la irrisoria condena que se le otorgó al funcionario de carabineros que dio muerte por la espalda al joven comunero Jaime Mendoza Collío y ahora finalizando el año, la Corte Suprema confirma que no habrá condena de cárcel para el carabinero Walter Ramírez que asesinó al weichafe Matías Catrileo hace cuatro años.
Natividad Llanquileo P. - Diciembre de 2011
Al cierre:
Este fin de semana el tribunal de Osorno condena al hermano Camilo Aguas a un arraigo de dos años por “lesiones” en un dedo a un policía. Es lamentable que funcione la ley de esta forma o de la que están resolviendo, una injusticia tremenda porque se ve el afán con el que trabajan los fiscales en estos casos, que no es el mismo para cuando nos pasa a nosotros. Es una burla una condena así por un dedo
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