“El Ministerio Público hizo uso y se aprovechó de la Ley Antiterrorista para que después se condenara de acuerdo a las normas comunes. Nos parece que eso igualmente está reñido con los estándares internacionales, es muy fácil construir contextos terroristas usando esa ley para establecer medios de prueba. En concreto, es una ley que se presta para abusos”, sentenció Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el contexto de la tercera sesión de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, que se reunió el lunes en Temuco. Participaron además de Lorena Fries, Monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción; Millaray Garrido Paillalef, Vocera mapuche; Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción y el sacerdote José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur. A esta tercera sesión fueron invitados todos los y las senadores de la República, solamente asistiendo Eugenio Tuma y Jaime Quintana.
Durante la tercera sesión de esta mesa se abordó la necesidad de modificar o derogar la Ley N°18.314 o Antiterrorista, por contraponerse con estándares internacionales en materia de derechos humanos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
La Ley Antiterrorista “somete a las personas que están juzgadas por ella a una serie de perversiones en términos de garantías del debido proceso, tales como los testigos protegidos que no pueden ser contrainterrogados y con plazos que van más allá de los estándares internacionales de detención”, sostuvo Lorena Fries, quien añadió además que “esta ley transgrede también las normas internacionales en el sentido que el espectro de actos considerados como terroristas es muy amplio”.
Por su parte, Monseñor Fernando Chomalí señaló, “creemos que hay una Ley Antiterrorista que es injusta y que hay que mejorarla, vamos a hacer un informe detallado y se lo vamos a entregar al Gobierno, con el ánimo de colaborar en una situación que todos –incluso el Presidente de la República reconoce- que no puede seguir en nuestro país”.
Finalmente, se abordó el tema de la demanda interpuesta por comuneros mapuche contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se debatió también sobre el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que establece que los pueblos originarios deben ser consultados sobre cualquier medida legal o administrativa que les pudiese afectar, mediante mecanismos representativos y de libre participación.
En esta discusión es que también se inserta la Ley N°18.314 o Antiterrorista, la cual nunca fue consultada a los pueblos originarios que viven en el territorio chileno, como también el desarrollo de numerosos proyectos industriales en territorio mapuche.
En la ocasión, se explicó que el mandato de la Comisión es constituir un espacio de escucha y sistematización de las demandas más relevantes del pueblo mapuche, con capacidad de emitir recomendaciones, las que deberán ser implementadas por las autoridades públicas. Su mandato, además, debe ser todo lo amplio que se requiera para cumplir los objetivos que se han fijado y su actuar debe ser independiente de cualquier poder del estado.
Respecto a cómo observa el trabajo de la Comisión, Millaray Garrido Paillalef, esposa de José Huenuche e integrante de la misma, advirtió que es un camino largo y difícil. “Estamos peleando contra un monstruo, que nos está aplastando más y más, que dice que no aplicarán más violencia ni la ley antiterrorista, pero se sigue aplicando de la misma manera”, dijo.
Por su parte el expositor José Aylwin del Observatorio Ciudadano señaló que el “proceso histórico ha sido de usurpación, con un marco legislativo doméstico insuficiente para los pueblos indígenas, con una política de tierra contradictoria, y una política sectorial inadecuada a estándares internacionales”.
Por lo mismo, recomendó que para mejorar la relación del estado con el pueblo mapuche, y los pueblos indígenas en general, “se debe aplicar, en el derecho interno, lo establecido por el Convenio 169 y otros instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas; hacer adecuación de la política pública a dichos estándares de derecho internacional; y poner fin a la política de criminalización”, finalizó.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos y Observatorio Ciudadano.
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