Las Pirañas tras el negocio Hidroeléctrico en el Río Pilmaiquen

La Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. fue sorprendida in fraganti por el medio comunicacional El Ciudadano: Con un proyecto en plena construcción (Rucatayo), está contaminando el río Pilmaiquén, capturando propiedad minera de otra empresa (Alina S.A.), y desconociendo la presencia de comunidades mapuche en el sector dentro de sus estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos aledaños (Central Osorno).

Hoy, Pilmaiquén S.A., propiedad de conocidos hombres de negocios, ha contratado mediante Rucatayo S.A. para las obras, a montajes industriales Salfa S.A., que ha sido sorprendida sacando material del río para abaratar los costos de la obra, mientras comunidades del sector, declaran que “el río Pilmaiquén está bajando con su agua teñida de un color blanco, y la empresa dijo que no afectaría nuestro río”.

Y es que si bien una central hidroeléctrica, luego de obtenidos los visajes legales, no necesita permiso para construcción de ductos, postes, plantas de subestación eléctrica, hay construcciones que sí lo ameritan, como las casas de máquinas, de habitación y bodega.

Dichas construcciones requieren de un cambio de uso de suelo del que no hay constancia, por lo que a juicio del abogado Fernando Castro este “es un flagrante incumplimiento a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el que debe ser sancionado con el máximo rigor que impone la ley, incluso con la paralización de la obra”.

Junto a lo anterior, hoy la empresa ha dispuesto camiones y equipos en medio del río, sin contar con los permisos ambientales correspondientes y las concesiones municipales que proceden y sin pagar derecho alguno por ello.

Además, la obra debe restituir las aguas en un sitio distinto del que están haciéndolo actualmente, toda vez que la Dirección General de Agudas (DGA) estableció hacerlo 200 metros aguas arriba del puente carretero, y la distancia real que hay entre ese punto y la restitución es de alrededor de 1.070 metros.

Otra falta grave es que la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. señalaba en sus estudios de impacto ambiental que en el área de influencia de su proyecto para construir centrales hidroeléctricas, “no hay comunidades humanas protegidas por leyes especiales” y que “no hay lugares ni sitios donde se llevan a cabo manifestaciones culturales”, manifestando con ello un total desconocimiento del territorio y de la existencia de las comunidades, pues justamente su proyecto aledaño denominado Central Osorno, amenaza un sitio de valor sagrado para los huilliches que habitan la ribera del Pilmaiquén, la morada del Ngen Kintuante.

Consultado por el tenor de las acciones de la empresa y su proyecto de la Central Osorno, José Araya, del Observatorio Ciudadano y el programa de ciudadanía que hace acompañamiento a la comunidad vulnerada por Pilmaiquén S.A., señaló: “La solución propuesta por la empresa es aberrante, es como que al pueblo católico le vayan a inundar su iglesia principal y en modo de compensación le ofrezcan moverla unos dos metros más arriba y rodearla de cemento”.

Por su parte, Millaray Huichalaf, machi de la zona afectada por los intereses de Pilmaiquén S.A. manifestó que el Estado no ha realizado ningún tipo de consulta a las comunidades sobre este proyecto como establece el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile: “No se nos ha preguntado nuestra opinión, tampoco estamos pidiendo que se realice un nuevo proyecto, sino que este no se construya de ninguna manera”, concluyó.

En las últimas semanas producto del actuar inescrupuloso de la empresa mediante el ofrecimiento de dineros y compras de terreno, se ha producido una división entre las comunidades del sector, afectando su sana convivencia.

Mientras tanto la empresa Pilmaiquén S.A. juega a la producción limpia en el especulativo mercado de los bonos de carbono, donde vendió bonos de emisión de su futura central Rucatayo (60 MW) a la irlandesa Ecosecurities. El acuerdo contempla la venta del 100% de las emisiones hasta 2012 (inclusive) y el 50% desde 2013 hasta 2017.

No obstante y hasta el momento todas las acciones legales emprendidas para que Pilmaiquén S.A., detenga su proyecto o bien compense adecuadamente a las personas que está afectando, han sido curiosamente desestimadas por las cortes esgrimiendo fallos que dejan de lado el fondo del asunto, tal cual le ha sucedido al vecino del sector Juan Carlos Fuchsolocher, quien se ve hoy afectado por la ejecución de las obras correspondientes a la Casa de Máquinas del Proyecto de la Central Eléctrica denominada Rucatayo, en una parte del predio de su propiedad, denominada Lote B del Fundo El Coigüe.

Consultado un vecino del sector, quien quiso mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señaló que “este verano ya no podemos bajar al río libremente a pescar o bañarnos, pues esta empresa lo ha cercado y más encima lo está contaminando. Es triste que nadie nos dé una solución, que ningún juez se atreva a ponerles atajo, que nadie haga nada siendo que esto da para un programa de televisión como ‘Esto no tiene nombre’”.

PIRAÑAS DEL AGUA

ANDRES CONCHA RODRÍGUEZ:

Actual presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). No figura en el directorio de Pilmaiquén S.A., sin embargo opera tras su participación en la Compañía de Inversiones Río Bueno que, al 2010, mantiene el 19% de las acciones de la empresa.

Ingeniero Comercial, casado con una sobrina de Agustín Edwards. Trabajó para la dictadura militar creando la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.

Ha integrado el directorio de empresas como Telefónica y el grupo Security.

BRUNO PHILIPPI IRARRÁZAVAL:

Uno de los cerebros de la privatización de la electricidad en Chile, clavó en los años 80 su ambición sobre las aguas del Pilmaiquén. Presidente de la privatizada Chilgener hoy AES Gener, la segunda en generación eléctrica en Chile, luego de Endesa, y filial de la transnacional AES. Figura en el directorio de Pilmaiquén S.A. y ha participado en empresas como Telefónica y en el directorio de Cencosud, entre otros. A la vez se ha trocado la presidencia de la Sofofa con Concha y hoy tiene a su hermano Cristóbal, como vicepresidente de ésta.

HERNAN BÜCHI BUC:

Ingeniero Civil en Minas, fue ministro de Hacienda de Pinochet. Su periodo en la cartera coincide con el aceleramiento de la privatización de las que fueron grandes empresas del Estado de Chile. Presidiendo Endesa la separó en filiales, como paso previo a su privatización. Jugó un rol activo en la configuración del sistema previsional conocido como AFP.

Es también parte del directorio de Pilmaiquén S.A. y ha sido presidente de empresas del grupo Luksic, miembro del directorio de Falabella, Madeco y SQM.

ISIDORO QUIROGA MORENO:

Uno más de los accionistas de Pilmaiquén S.A. Ha participado en el negocio de captación de agua en el norte, la que ha vendido a minera Escondida, y negociante de derechos de agua que tiene inscritos desde la VI a la X Región, capaces de producir 500 MW.

Quiroga, a su vez, tiene intereses en negocios ligados a los salmones y a la minería del oro en Andacollo, Argentina.

ACCIONISTAS PILMAIQUÉN S.A.

-Compañía de Inversiones Río Bueno S.A. (19%).

-Otros, no declarados (31,7 %).

-Banchile, Corredores de Bolsa (5,25%).

-Santander S.A. Corredores de Bolsa (2,59%).

-AFP Provida para fondo de pensión C (3,88%).

-AFP Hábitat, Inversiones Orocoipo, Inversiones privadas Las Pircas…

INVERSIONES RÍO BUENO

Compañía de Inversiones Río Bueno S.A. es constituida el 17 de febrero de 1987, con un capital de sólo $100 mil pesos, por Jovino Novoa y su socio Carlos Olivos. El 7 de septiembre aumenta su capital a $ 211 millones de pesos e ingresan a la sociedad Andrés Concha y Bruno Philippi.

La compañía tiene intereses en Puerto Ventana y el Banco Security.

(Fuente: Equipo El Ciudadano - El Ciudadano Nº115, primera quincena diciembre 2011)

Año 2011, La criminalización y represión no logró acallar la demanda justa del pueblo mapuche

Corría  el mes de enero y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, se llevaba a cabo un juicio por más de dos meses por un total de nueve delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.) involucrando a 17 comuneros Mapuche. La aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos Mapuche de Choque , implicó numerosas arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como: secreto de la investigación, excesiva prisión preventiva, testigos sin rostro y condenas solicitadas por el ministerio público  sobre 50 años para cada comunero, para otro mas de 100; violaciones a los derechos humanos como torturas, secuestro y hostigamiento y como no mencionar la aberración jurídica más grande la que se constituyó en el doble juzgamiento al que fueron sometidos cinco presos políticos mapuche del proceso de recuperación territorial de Choque (Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical), quienes por un mismo hecho, fueron procesados por la Justicia Civil y Militar. Sin embargo, el Juzgado Militar de Valdivia, resolvió absolver, habiendo observado las mismas pruebas que en el Tribunal de Juicio Oral, posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción..

No obstante que siempre estuvo claro que no estaban dadas todas las garantías para un debido proceso y un juicio justo y que la huelga de hambre  llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche significó solo un primer paso, el Tribunal de Cañete en un juicio que se extendió desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 22 de febrero de 2011, decide condenar a Héctor Llaitul a 25 años de prisión, y a Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical a 20 años. Era lo que había dicho durante todos esos días: que más que una persecución de carácter judicial, era una persecución política hacia la Coordinadora Arauco Malleco. Si bien es cierto salieron varios hermanos en libertad, también se quedaron personas muy importantes para el pueblo mapuche, personas que sabían que iban a seguir en este proceso de reconstrucción del  pueblo Mapuche, la de recuperación de tierras usurpadas por grandes empresas y latifundistas destruyendo todo lo que está en su camino  amparados por el estado chileno.

Los comuneros iniciaron así una nueva Huelga de Hambre el 15 de Marzo mientras se apelaba ante la Corte Suprema para solicitar un Juicio Justo, acompañada de una solidaridad nacional e internacional que se manifestaba en marchas semanales en diversas ciudades del mundo protestando por la judicialización de los conflictos territoriales del pueblo mapuche y en el caso de los condenados en Cañete  contra el Gobierno que siempre tiró  la pelota a los tribunales, al poder Legislativo.

Estaba claro desde el principio que no era solamente la Ley Antiterrorista la herramienta que esgrimiría el estado chileno para hacer frente al movimiento mapuche. La criminalización, la judicialización frente a lo que es la protesta mapuche nos hizo enfrentarnos a situaciones increíbles. Por ejemplo, lo que fue enfrentarse a la calificación que se les da a los delitos aplicando esa norma, existiendo secretos en la investigación, y que para la defensa de los comuneros se hizo muy compleja, desde el punto de vista jurídico, haciéndose muy difícil el trabajo… Al final la Corte Suprema condenó a los presos políticos mapuche, y no solamente a ellos, se condenó a un pueblo. El máximo tribunal chileno actuó como un tribunal más y aplicó condenas diferentes a los cuatro presos políticos mapuche de la CAM que continuaron en huelga de hambre hasta completar 87 días, cuando permanecían internados en el Hospital de Victoria en un deteriorado estado de salud.

Si bien es cierto la atención del mundo al tema mapuche estaba dado en la huelga de los presos, en las comunidades se seguía luchando por la recuperación territorial.

A los comuneros condenados no les interesó una rebaja de años en sus condenas, sino que exigieron enérgicamente que se detuviera la criminalización y la militarización de las comunidades y que se detuvieran los proyectos que se  insertan en nuestros territorios como las empresas forestales, mineras e hidroeléctricas que llegan como si no estuviera pasando nada. Las movilizaciones y las huelgas van mucho más allá del beneficio de las personas que las llevan. Ellos siempre señalaron  “que las prisiones no acallan ni detienen las justas reivindicaciones territoriales que llevan las diferentes comunidades Mapuche”.

Entre el Estado y las comunidades mapuches ha existido un conflicto permanente, prácticamente desde que se retorna a la democracia. Recordar que antes de la dictadura militar hubo un acercamiento más constante por parte de las comunidades con el Estado, especialmente con la CORA (Corporación de Reforma Agraria) y tiene que ver, principalmente con un tema territorial. Cuando llega la dictadura militar se comienza a entregar tierra a particulares y luego a las grandes empresas.

La represión de policía militarizada del estado, este año se ha hecho presente con mucha violencia en cada comunidad donde se ejerce la justa lucha reivindicativa y de procesos de recuperación territorial. Diariamente estamos enterándonos de violentas acciones donde son violentados en su dignidad numerosas familias, allanándoles sus casas, hiriendo a niños, mujeres, ancianos y utilizando todo un aparataje policial y comunicacional para detener la justa protesta y el justo derecho a lo que nos pertenece desde tiempos ancestrales. Así vemos la violencia que se da en Rofue, Trapilwe, Budi, Chequenco, Maihue – Carimallin , Wañako Millao, Temucuicui, entre otras tantas comunidades que se encuentran en este momento viviendo  en medio de bombas lacrimógenas y balas.

Y en medio de todo lo descrito y lo que se vive en el territorio, no puedo dejar de mencionar que la justicia jamás dará una respuesta a los crímenes de nuestros hermanos asesinados por los funcionaros del estado. Prueba de ello es la irrisoria condena que se le otorgó al funcionario de carabineros que dio muerte por la espalda al joven comunero Jaime Mendoza Collío y ahora finalizando el año, la Corte Suprema confirma que no habrá condena de cárcel para el carabinero Walter Ramírez que asesinó al weichafe Matías Catrileo hace cuatro años.

Natividad Llanquileo P. - Diciembre de 2011

Al cierre:

Este fin de semana el tribunal de Osorno condena al hermano Camilo Aguas a un arraigo de dos años por “lesiones” en un dedo a un policía.  Es lamentable que funcione la ley de esta forma o de la que están resolviendo, una injusticia tremenda porque se ve el afán con el que trabajan los fiscales en estos casos, que no es el mismo para cuando nos pasa a nosotros. Es una burla una condena así por un dedo

Para el mapuche no existe diferencia entre gobiernos de la Concertación y el actual

(Entrevista realizada por Sebastián Flores para Bello Público)

La historia de Natividad Llanquileo (27 años) está llena de sacrificios. Penúltima de siete hermanos, a los 19 años llegó a Santiago desde la región del Bío-Bío en busca de oportunidades. “Venía a cambiar el mundo”, recuerda. Pero llegó y encontró una ciudad donde no existía el concepto de comunidad que era tan propio de su natal Tirúa, Provincia de Arauco. Antes de estudiar Derecho en la Universidad Bolivariana, Natividad trabajó de empleada doméstica en La Reina, donde no lo pasó bien. Trabajaba puertas adentro, ganaba el mínimo, sus patrones la explotaban y no se sentía a gusto en aquel valiente nuevo mundo. “Yo venía del campo y veía a las niñas de 19 años. Estaban súper desarrolladas y yo era una niñita. Muchas veces lloraba, no era capaz de hablar, de defenderme”.

Cuando entró a la universidad continuó trabajando como nana y auxiliar en paralelo a sus estudios. Una vida ardua, lejos de sus tierras, pero que tuvo un giro el 2010. Ese año volvió al sur y se convirtió en la Vocera de los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre, quienes protestaban contra los más de 20 años de prisión que los condenaba la Ley Antiterrorista. Natividad fue el vínculo entre los presos y el gobierno, tribuna desde donde logró instalar el tema mapuche a nivel nacional e internacional, dando cuenta de las injusticias y abusos que ha tenido el Estado chileno con su pueblo. Y aunque la derogación de la ley no se consiguió y los presos siguen condenados, la lucha mapuche hoy es un asunto visible que nadie puede desconocer.

De eso ya ha pasado un año: cuando se volvió un rostro visible, cuando viajó a Europa a exponer las demandas de los comuneros ante organismos internacionales y cuando aparecía en los noticiarios casi todos los días. Este tiempo ha continuado en la labor de difusión, ya no desde Wallmapu, sino que articulando las comunidades mapuche en la capital, que son alrededor de la mitad de Chile. Se la pasa en foros, seminarios y entrevistas. Su principal objetivo es visibilizar el tema a gran escala. Sobre todo la principal demanda de su pueblo: la recuperación de los territorios usurpados por los privados y por el Estado chileno.

¿Cuáles son las cosas positivas que se pueden sacar tras la huelga de hambre de los comuneros?

Con la huelga de hambre del 2010 se logró visibilizar un tema que era desconocido para la ciudadanía chilena. Aún hay harta gente que poco sabe respecto a los pueblos originarios, a los cuales se les veía como algo folclórico. Ahora muchos pudieron darse cuenta de la situación que vivían los mapuches. Antes el mapuche era flojo, era borracho, era lo peor. Después pasa otro periodo en que es el terrorista y llegamos a ese límite donde ocurre la huelga de hambre. Allí la gente se empieza a involucrar un poco con lo que hay detrás de este tema. Llama mucho la atención cómo se aplica la Ley Antiterrorista en forma indiscriminada en los casos mapuche. Entendiendo además que muchas veces el Estado chileno dice hacia afuera que no hay terrorismo, entonces no se entiende por qué se aplica esta ley a nivel interno. Eso nos ayudó a que la gente se interiorizara en el tema y puediera entender lo que hay detrás de esto.

¿Hay alguna diferencia entre lo que hicieron los gobiernos de la Concertación y el gobierno actual en cuanto al trato con tu pueblo?

Claramente se sigue actuando de la misma forma. Cuando la Concertación llegó al poder, el pueblo mapuche tuvo mucha esperanza en que la situación podría cambiar, pero nos encontramos con una militarización dentro del territorio, donde aquel que se manifestaba en contra de las empresas usurpadoras se le aplicaba leyes especiales. Además hay crímenes de Estado, como las muertes de Matías Catrileo, de Alex Lemún y de Jaime Mendoza Collío que siguen impunes hasta hoy. O la situación de José Huenante, un detenido desaparecido mapuche. Hasta ahora, el actual gobierno continúa esa misma línea: una democracia disfrazada y parecida a  dictadura.

A propósito de eso, tú como universitaria, ¿cómo vives lo que está pasando con el conflicto estudiantil?

Me gusta que esto pase porque la gente se está dando cuenta de muchas injusticias. Injusticias que para nosotros no son nada nuevo. Nosotros hacemos muchas movilizaciones, pero son invisibilizadas por los medios y no agrupamos la cantidad de personas que agrupa el movimiento estudiantil, que es un movimiento que trasciende a todos. En cambio el tema mapuche pareciera que nos interesa solamente a nosotros, y eso lo podemos ver cuando nos manifestamos. Hemos hecho un montón de movilizaciones: nos juntábamos, por ejemplo, todos los jueves en Alameda con Ahumada, pero nos aburrimos porque no estaba sirviendo mucho. Así que después buscamos otras formas de posicionar el tema.

Antes de que la Coordinadora Arauco-Malleco le pidiera convertirse en la vocera de los comuneros en huelga de hambre, Natividad estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Así pagaba su arancel universitario, con casi la totalidad de su sueldo. Pero este año, la U. Bolivariana le otorgó una beca y por ahora puede compatibilizar sus estudios con su labor de vocería. “A pesar de todo, a mí la U me ha ayudado harto. Yo venía con un nivel educacional bajísimo. Por eso estoy muy agradecida de esta universidad, porque me abrió las puertas, cosa que ninguna otra hizo”.

¿Y qué piensas de qué tenga que ser una privada la que te ayude y no una universidad pública?

Para mí es complejo, porque yo vengo de una educación básica y media gratuita, pero de muy mala calidad. Igual tuve profesores que se sacaron la cresta para que pudiera aprender, pero el nivel era bajo. O sea, imposible sacar un puntaje PSU para entrar a la Chile y estudiar Derecho. Imposible. Aparte yo estudiaba una carrera técnica en la media y ahí te decían que ibas a salir a la vida laboral y todo lindo. Pero sales y la realidad es otra, es difícil estudiar cuando no tienes ni los recursos ni las herramientas. Igual hay que entender que universidades como la mía son chicas y más baratas, pero lo bueno que tienen es que quienes llegan acá son las personas más pobres, y en universidades como la Chile entran los que tienen plata nomás.

Bueno, pero una de las demandas apunta justamente a que se abra el acceso y el financiamiento a los estudiantes de menores recursos, y que el Estado se haga cargo de permitir que estudien en establecimientos públicos de calidad.

Sí, es una buena medida, pero la situación hay que mejorarla desde la raíz. Porque tampoco podemos esperar todo del Estado, como la Iglesia espera que Dios modifique todo. También tenemos que poner de nuestra parte. Si ustedes no se movilizaran y esperaran que el Estado hiciera todo, lamentablemente no lograrían nada. Y qué bueno que no sea así, porque si no estaríamos acostumbrados a que todo nos llegara. Yo creo que debe estar ese concepto de ganarse las cosas, pero deben existir las herramientas para hacerlo. Pero esas herramientas hoy no existen. Por ejemplo, nosotros no pretendemos que el Estado nos solucione todo, sino que nos dejen tomar nuestras propias decisiones a nivel político, económico y cultural. No esperar a que el Estado nos compre una vaca para hacer el guillatún, por ejemplo. Pero que nos dejen hacer tranquilos el guillatún.

¿Qué opina de la Federación Mapuche de Estudiantes, que ahora forma parte de la Confech?

Hay que ver qué es lo que realmente queremos: queremos la autonomía o queremos integrarnos al sistema que ya existe. Al parecer la Femae se quiere integrar, cuestión con la cual discrepo. Por ejemplo, cuando había movilizaciones por las huelgas de hambre, eran muy pocos los estudiantes que salían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo nos conviene nos acordamos que somos mapuche? El objetivo del gobierno es integrarlos, desarraigarlos de sus comunidades y llevarlos al sistema. Por eso no me gusta cuando se confunden las cosas. O nos vemos como estudiantes o como mapuches, pero no nos escudemos en lo segundo, porque la principal demanda hoy es la recuperación de los territorios. Y si lo vemos en un concepto más religioso, hay que entender también qué significa ser mapuche. El mapuche es gente de la tierra, o sea que sin tierra no somos nada. Mucha de la gente que hoy está trabajando por nuestras demandas ha llegado a la universidad y ha obtenido herramientas, pero luego vuelve a la comunidad. Si está el concepto de volver, está bien. Si sólo está el concepto de integrarse, no. Sé que la Femae está trabajando el tema de la interculturalidad, pero insisto, es un arma de doble filo.

En Bolivia hay un Estado plurinacional. ¿Crees que en Chile podría existir algo así?

Es que de nuevo hay que preguntarse qué es lo que queremos: si la autonomía o la integración. Nosotros queremos la autonomía, porque si el gobierno ya firmó el Convenio 169 no creo que sea tan difícil reconocer la integración del pueblo mapuche. De todas formas, al final no han respetado el tratado, pero a ellos les interesa mantenernos bajo control por la imagen internacional. El tema mapuche es muy conocido, especialmente a nivel europeo.

Entonces tú abogas por un Estado mapuche que tenga independencia total frente al Estado chileno.

Yo creo que podrían co-existir ambos. Claro, eso ya es un sueño, pues hay muchos intereses de por medio. Pero así debería ser, somos dos culturas que cumplen cada una con sus requisitos para ser distintas, que podrían incluso colaborarse entre ambas, como a veces lo hacen los países de Latinoamérica. Yo creo que es perfectamente posible, pero nos topamos con un Estado que resguarda los intereses económicos en pos de la vida individual y también colectiva. Eso es lo que queremos que cambie.

(Entrevista realizada por Sebastián Flores para Bello Público y transcrita en Creando Conciencia http://creandoconcienciacritica.blogspot.com/2011/12/natividad-llanquileo-en-universidades.html#more )

Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche sesiona con fuerte crítica a abusos que propicia Ley Antiterrorista

“El Ministerio Público hizo uso y se aprovechó de la Ley Antiterrorista para que después se condenara de acuerdo a las normas comunes. Nos parece que eso igualmente está reñido con los estándares internacionales, es muy fácil construir contextos terroristas usando esa ley para establecer medios de prueba. En concreto, es una ley que se presta para abusos”, sentenció Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el contexto de la tercera sesión de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, que se reunió el lunes en Temuco. Participaron además de Lorena Fries, Monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción; Millaray Garrido Paillalef, Vocera mapuche; Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción y el sacerdote José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur. A esta tercera sesión fueron invitados todos los y las senadores de la República, solamente asistiendo Eugenio Tuma y Jaime Quintana.

Durante la tercera sesión de esta mesa se abordó la necesidad de modificar o derogar la Ley N°18.314 o Antiterrorista, por contraponerse con estándares internacionales en materia de derechos humanos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

La Ley Antiterrorista “somete a las personas que están juzgadas por ella a una serie de perversiones en términos de garantías del debido proceso, tales como los testigos protegidos que no pueden ser contrainterrogados y con plazos que van más allá de los estándares internacionales de detención”, sostuvo Lorena Fries, quien añadió además que “esta ley transgrede también las normas internacionales en el sentido que el espectro de actos considerados como terroristas es muy amplio”.

Por su parte, Monseñor Fernando Chomalí señaló, “creemos que hay una Ley Antiterrorista que es injusta y que hay que mejorarla, vamos a hacer un informe detallado y se lo vamos a entregar al Gobierno, con el ánimo de colaborar en una situación que todos –incluso el Presidente de la República reconoce- que no puede seguir en nuestro país”.

Finalmente, se abordó el tema de la demanda interpuesta por comuneros mapuche contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se debatió también sobre el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que establece que los pueblos originarios deben ser consultados sobre cualquier medida legal o administrativa que les pudiese afectar, mediante mecanismos representativos y de libre participación.

En esta discusión es que también se inserta la Ley N°18.314 o Antiterrorista, la cual nunca fue consultada a los pueblos originarios que viven en el territorio chileno, como también el desarrollo de numerosos proyectos industriales en territorio mapuche.

En la ocasión, se explicó que el mandato de la Comisión es constituir un espacio de escucha y sistematización de las demandas más relevantes del pueblo mapuche, con capacidad de emitir recomendaciones, las que deberán ser implementadas por las autoridades públicas.  Su mandato, además, debe ser todo lo amplio que se requiera para cumplir los objetivos que se han fijado y su actuar debe ser independiente de cualquier poder del estado.

Respecto a cómo observa el trabajo de la Comisión, Millaray Garrido Paillalef, esposa de José Huenuche e integrante de la misma, advirtió que es un camino largo y difícil.  “Estamos peleando contra un monstruo, que nos está aplastando más y más, que dice que no aplicarán más violencia ni la ley antiterrorista, pero se sigue aplicando de la misma manera”, dijo.

Por su parte el expositor José Aylwin del Observatorio Ciudadano señaló que el “proceso histórico ha sido de usurpación, con un marco legislativo doméstico insuficiente para los pueblos indígenas, con una política de tierra contradictoria, y una política sectorial inadecuada a estándares internacionales”.

Por lo mismo, recomendó que para mejorar la relación del estado con el pueblo mapuche, y los pueblos indígenas en general, “se debe aplicar, en el derecho interno, lo establecido por el Convenio 169 y otros instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas; hacer adecuación de la política pública a dichos estándares de derecho internacional; y poner fin a la política de criminalización”, finalizó.

Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos y Observatorio Ciudadano.

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Término de Vocería de Presos Políticos Mapuche de la CAM

Estimad@s:

Les informo a ustedes que a contar de la fecha, no continúo en la Vocería de los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco.

Creo que el objetivo de mi permanencia ahí por 2 años ha cumplido un ciclo, donde estuve siendo la transmisora de sus demandas, de su lucha y de denuncia ante la grave injusticia y los procesos jurídicos irregulares de la justicia chilena que los llevó a ser condenados por la Ley Antiterrorista.

En estos momentos en que al no haber recibido respuesta del estado ni menos de la justicia de Chile, fue presentada la Demanda al Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y serán ellos quienes conocerán y sabran exigir lo que este país negó a dar como respuesta.

Agradezco la confianza depositada en mi por los Presos políticos Mapuche y creo que cumplí a cabalidad el trabajo que se encomendó, y donde conté también con el apoyo constante de mapuche y no mapuche, de los medios de comunicación, de tantas personas que nos manifiestan su solidaridad y nos acompañan en cada jornada realizada.

Debo manifestarles que mi labor en la defensa de nuestra causa justa de nuestro pueblo mapuche no termina ni se detiene.  Aportaré en todo lo que esté a mi alcance en todas las luchas que da mi pueblo, en cada comunidad en conflicto, en cada defensa territorial y por exigir el fin de la Ley Antiterrorista y la libertad de todos nuestros presos políticos. Ahí estaré alzando mi voz y participando de cada una de las actividades que tenga conocimiento.

Principal agradecimiento a los familiares de los hermanos Presos Políticos Mapuche que confiaron en mi y que apoyaron mi trabajo. Entregué lo mejor de mí y ellos tambien me apoyaron para que cumpliera en mejor forma mi trabajo de Vocería. Seguiré ahí junto a ellos. También agradecer a quienes muchas veces entorpecieron mi labor, lo que se tradujo en más fuerza para avanzar y lograr el objetivo que se me confió.

A través de mi blog natividadllanquileo.blogspot.com , a través de mi cuenta Twitter y de Facebook, siempre estaré interactuando y compartiendo la comunicación como siempre. No desapareceré ni me quedaré en silencio.

Mientras exista una comunidad amenazada por la represión, mientras haya un niño mapuche agredido, mientras haya un comunero detenido, muerto o torturado, ahí estaré alzando mi voz y denunciando los atropellos y unida a mi pueblo exigiendo lo que nos da sustento de vida y que es la liberación de nuestro Pueblo Nación Mapuche!

Marrichiwuew!!!!  Muchas Gracias.

NATIVIDAD LLANQUILEO P.

Comuneros Mapuche de la CAM condenados en Juicio Cañete, presentan Demanda ante CIDH

Fue presentada ayer públicamente la demanda ante el organismo internacional que consta de siete peticiones, entre ellas que se le exija al Estado chileno reformar la Ley Antiterrorista, dejando afuera la protesta social, y que se le condene por haber violado los Derechos Humanos de los imputados, lo que implica no haber respetado el derecho al debido proceso a los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco a quienes se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y a un proceso judicial. Éste fue severamente cuestionado, siendo revisado incluso por el máximo tribunal, el cual determinó reducir las altas penas que se solicitaban, pero, a la vez, avaló el procedimiento y aplicación de la Ley Antiterrorista.

En la presentación de la demanda se encontraban familiares de los Presos Políticos Mapuche y participaron todos los abogados: Pablo Ortega, Adolfo Montiel, Juan Guzmán y Alberto Espinoza junto a la académica y experta Myrna Villegas.

La demanda ante el organismo internacional dentro de sus peticiones, pide que se condene al estado chileno por haber violado los Derechos Humanos de los imputados, lo que implica no haber respetado el derecho al debido proceso, como lo explicó Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores del recurso internacional quien señaló que “el más fuerte es que se utilizó un testigo protegido para condenar en la justicia ordinaria, vale decir en  el juzgado de Cañete y ratificado por la Corte Suprema y también el haberse condenado dos veces por el mismo hecho porque quedó claro que el atentado fue contra Carabineros, que dentro de la caravana de catorce vehículos policiales iba un fiscal, nadie sabía eso. Sin embargo la Corte Suprema se contradice y absuelve por homicidio, pero condena por lesiones a los comuneros, no obstante reconociendo que el dolo de ellos era atentar contra Carabineros”.