La FIDH continúa en nuestro país con una apretada agenda. El objetivo de esta visita es darle seguimiento concreto a los casos donde se ha aplicado la cuestionada normativa, especialmente en menores de edad, y revisar también el código de justicia militar.
Con diversas reuniones con las autoridades y el Poder Judicial se desarrolló la misión de observación este martes en el sur del país. Además se acordaron citas con algunos de los abogados, como Pablo Ortega, defensor de Héctor Llaitul, para luego sostener un encuentro con distintas organizaciones indígenas.
Sin embargo, en la cita con el intendente de la Araucanía, Andrés Molina, se trataron otros temas. La autoridad regional les presentó a los observadores las políticas en términos de educación y apropiación de la cultura mapuche y se refirió a las mesas de diálogo que se han instalado, en el contexto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Más tarde, con la seremi de Justicia se conversó sobre los jóvenes recluidos en la cárcel del Chol-Chol y se entró en el tema de fondo: la situación de los menores mapuches, a quienes hasta el día de hoy se les seguiría aplicando la Ley Antiterrorista.
La abogada franco-colombiana, Jimena Reyes, dijo haber entrevistado a los menores sobre “lo que vivieron, las detenciones, y sigue la preocupación. Veo que la Ley Antiterrorista se sigue aplicando, se votó una reforma importante sobre la situación de los menores de edad pero estos muchachos, en las cortes, todavía se sienten procesados bajo la Ley Antiterrorista. Es un tema que hay que aclarar”.
La responsable de la oficina de las Américas de la FIDH, quien viene siguiendo la situación de las comunidades mapuches y la aplicación de leyes de excepción desde 2003, indicó que aún falta sostener algunas reuniones, pero que la situación que hoy se aprecia es inquietante.
La misión llegó a la cárcel de Angol para visitar a los comuneros que sostuvieron una huelga de hambre durante 87 días y también se reunió con las comunidades mapuche en conflicto, donde tuvo un encuentro con el menor Patricio Queipul, hoy procesado por tres delitos terroristas y recluido bajo arresto domiciliario.
Sebastián Saavedra, abogado de Queipul, afirmó que su defendido ha sido permanentemente acosado por Fuerzas Especiales y criticó los procedimientos que se están empleando hoy en Chile: “Lo más problemático es que al calificar todo de terrorismo, se estigmatiza a todos los menores, lo que implica no solo un aumento considerable de las penas sino que en la investigación misma, los funcionarios policiales actúan de forma distinta cuando se trata de delitos comunes y delitos terroristas. Aquí se entra a las casas de las comunidades fuertemente armados, puesto que se está persiguiendo a terroristas, y quienes más sufren son los ancianos y niños”, dijo.
José Araya, miembro del Observatorio Ciudadano y de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), ambas organizaciones afiliadas a la Federación, fue más allá y apuntó a las consecuencias sicológicas y sociales de estas medidas de fuerza: “Ha provocado efectos concretos, sociales y de salud mental, en una generación de jóvenes mapuches. Uno puede ver ahora que el resultado de esos efectos son una serie de daños que se pueden comprobar en el crecimiento de muchos menores de edad, sometidos a una vigilancia policial -ellos, sus padres y sus comunidades- durante una buena cantidad de años. Entonces creo que independientemente de la reforma que los va a excluir de una futura aplicación, el Estado se tiene que hacer responsable de los efectos que la aplicación ha producido”, afirmó.
La misión de observación no finaliza aquí. Hoy llega a la capital para reunirse con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, entre otras organizaciones, citas que culminarán este viernes con la Unicef y que darán paso a las conclusiones y una serie de recomendaciones para nuestro país.
(Fuente: Radio U. de Chile)
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