A un mes de finalizada la huelga de los cuatro comuneros condenados por el Tribunal de Cañete, la Comisión por los Derechos del pueblo Mapuche evalúa el escenario y anuncian plazos, modalidad y principales objetivos de su trabajo.
Según señaló la vocera Natividad Llanquileo, los comuneros han finalizado su etapa de realimentación y están con buena salud e indicó que, si bien en esta movilización no obtuvieron una respuesta concreta de las autoridades de gobierno, el esfuerzo sirvió para reafirmar lazos entre las autoridades tradicionales y estos dirigentes mapuches.
“Ellos han estado muy ocupados, con mucha visita de diferentes comunidades. Ha servido para unirnos más, son muchas comunidades y la comunicación ha ayudado bastante. Las visitas son un tema delicado y vamos avanzando mientras se puede, es un tema que también ha preocupado a Gendarmería”, indicó Llanquileo.
Natividad Llanquileo añadió que la cantidad de visitas que reciben los comuneros ha inquietado al personal de Gendarmería, que ha puesto una serie de trabas en el ingreso para disminuir los encuentros y, de alguna, forma mantenerlos aislados. También confirmó que aún están estudiando con qué abogados presentarán la denuncia internacional ante las irregularidades cometidas en el juicio de Cañete.
Por otro lado, la instancia de trabajo que gatilló el final de la huelga comenzará a trabajar la próxima semana en la sede del Arzobispado de Concepción, tal como señaló la Directora del Instituto de Nacional de Derechos Humanos Lorena Fríes. “El 21 de julio vamos a crear formalmente la comisión por la defensa del pueblo mapuche, con una metodología de audiencias abiertas y públicas. Vamos a solicitar al gobierno que expongan ante la comisión, esperamos después arribar un documento de recomendaciones consistente con las obligaciones jurídicas que tiene Chile. En el instituto estamos buscando aliados para estudiar reformas a la Ley Antiterrorista, que es nuestra primera preocupación”, sostuvo.
Lorena Fríes indicó que aún hay mucho que trabajar en esta línea, quien recordó que existe un juicio pendiente contra nuestro país, que va a llegar a la Corte Interamericana y que puede significar una condena al Estado en esta materia, por lo que el Instituto de Derechos Humanos está apuntando a generar una voluntad política de avance en la dirección del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, a los ojos del sacerdote Fernando Díaz, Coordinador de la Comisión de Pastoral Indígena de la zona sur, no existe claridad por parte de las autoridades para enfrentar estos temas y criticó la forma en la que aún se siguen realizando las investigaciones.
El prelado declaró que “nos preocupa que el gobierno no ha tomado una decisión clara sobre cómo abordar el tema mapuche, las reivindicaciones y la aplicación de la Ley Antiterrorista. No sabemos si continuará con la reforma de la ley o continuará con la criminalización. Es preocupante el modo de operación que hay en la investigación de los casos, el maltrato y abuso de la fuerza por quienes investigan las causas indígenas”.
Así, a un mes de finalizada la huelga y pese a sus modificaciones, continúan los conflictos con la Ley Antiterrorista y la forma en la que el Estado chileno está operando. Sin embargo, se espera que esta mesa de trabajo, que le puso fin a una intensa movilización, permita un real avance hacia el respeto de los derechos del pueblo mapuche.
(Fuente: Paula Correa - Radio U. de Chile)
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